30 de Marzo – Dr. Raúl R. Alfonsín

Raúl Ricardo Alfonsín (Chascomús, 12 de marzo de 1927 – Buenos Aires, 31 de marzo de 2009) fue un abogado, político, estadista y promotor de los derechos humanos argentino. Fue concejal, diputado provincial, diputado nacional, senador nacional y Presidente de la Nación Argentina (1983-1989).

Realizó sus estudios primarios en la Escuela Normal Regional de Chascomús y los estudios secundarios en el Liceo Militar General San Martín, de donde egresó con el grado de subteniente de reserva. Tuvo como compañeros de clase a Leopoldo Galtieri y Albano Harguindeguy.

En 1949 se casó con María Lorenza Barrenechea con quien tuvo 6 hijos: Raúl Felipe Alfonsín, Ana María Alfonsín, Ricardo Luis Alfonsín, Marcela Alfonsín, María Inés Alfonsín y Javier Ignacio Alfonsín. De todos ellos, Ricardo Alfonsín es el único que se dedicó también a la actividad política.

Estudió Ciencias Jurídicas en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires recibiéndose de abogado en 1950.

En ese año comenzó su actuación política en el Movimiento de Intransigencia y Renovación de la Unión Cívica Radical, en Chascomús, donde participó de la fundación del diario «El Imparcial».

En 1954 fue elegido concejal en Chascomús, y al año siguiente fue encarcelado por la Revolución Libertadora.

En 1958 fue electo diputado provincial en la Provincia de Buenos Aires y diputado nacional durante el gobierno radical de Arturo Illia entre 1963 y 1966, en el cual fue vicepresidente del Bloque de Diputados Nacionales de la Unión Cívica Radical del Pueblo (UCRP). Finalmente, en 1965 fue elegido presidente del Comité Provincia de Buenos Aires de la UCRP.

El 17 de noviembre de 1966 durante la dictadura militar del general Juan Carlos Onganía fue detenido por un breve tiempo, por haber reabierto el Comité de la Provincia.

Entre 1971 y 1972, los jóvenes radicales de la Junta Coordinadora Nacional y Franja Morada, que habían mantenido una militancia activa contra la dictadura militar, comienzan a acercarse a Raúl Alfonsín. Entre aquellos jóvenes radicales se encontraban Luis «Changui» Cáceres, Sergio Karakachoff, Federico Storani, Leopoldo Moreau, Marcelo Stubrin, Adolfo Stubrin, Enrique Nosiglia, Juanjo Cavallari, Facundo Suárez Lastra, Gabriel Martínez, Carlos Muiño, Jesús Rodríguez, Ricardo Laferrière, entre otros.

De este modo el alfonsinismo comenzó a definirse como línea interna dentro de la Unión Cívica Radical.

En 1973, la Unión Cívica Radical perdió las elecciones ante Juan Domingo Perón; Raúl Alfonsín resultó electo, una vez más, diputado nacional. Poco después, en mayo, Alfonsín amplió la extensión del sector que conducía para crear el Movimiento de Renovación y Cambio, con una posición sumamente crítica a la estrategia de unidad nacional del balbinismo, en contra de todo acuerdo con el peronismo, y un programa de izquierda socialdemócrata que proponía la reforma agraria, una nueva reforma universitaria, la democratización del sindicalismo y el establecimiento de una democracia social.

El 18 de diciembre de 1975, tres meses antes del golpe militar que dio inicio al Proceso de Reorganización Nacional (1976-1983), Alfonsín fue una de las personalidades que fundaron la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH).

Esta asociación fue la primera creada en Argentina para hacer frente a las violaciones sistemáticas de los derechos humanos que en aquella época comenzaron con la actividad de la Alianza Anticomunista Argentina (AAA o «Triple A»).

Su primera reunión se llevó a cabo durante el mes de diciembre de 1975 en la Casa de Ejercicios Espirituales que dependía de la Iglesia de la Santa Cruz y fue convocada por Rosa Pantaleón y además del propio Alfonsín asistieron el obispo de Neuquén don Jaime de Nevares, el rabino Marshall Meyer, el obispo Carlos Gatinoni, la doctora Alicia Moreau de Justo, Oscar Alende, Susana Pérez Gallart, Adolfo Pérez Esquivel y Alfredo Bravo.

La APDH desempeñó un importante papel de defensa de los derechos humanos, apoyó el trabajo de la CONADEP y luchó contra la impunidad de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el Proceso de Reorganización Nacional. Parte de la responsabilidad del juzgamiento de dichos crímenes fue del propio Alfonsín, cuando fue presidente, durante la realización del Juicio a las Juntas.

Durante la dictadura militar, Alfonsín puso gratuitamente su servicio de abogado para defender opositores y presentar hábeas corpus por los detenidos-desaparecidos, actividad que por sí misma solía significar la muerte.

En 1982, ante la Guerra de las Malvinas, Alfonsín, junto con un grupo de intelectuales como Jorge Roulet, Dante Caputo y Jorge Sabato, fue uno de los pocos políticos argentinos que se opuso a la acción militar en las islas Malvinas y sostuvo que su finalidad era lograr el fortalecimiento de la dictadura. Exigió al gobierno militar que proveyera información verídica sobre la marcha del conflicto.

Desde fines de 1982, una vez abierto el proceso de transición a la democracia bajo la presidencia del general Reynaldo Bignone, Alfonsín se convirtió, primero en presidente de la Unión Cívica Radical al imponerse el Movimiento de Renovación y Cambio en las elecciones internas partidarias. Poco después fue nominado candidato a presidente de la Nación, cuando el otro precandidato radical, Fernando de la Rúa, declinó su candidatura ante el amplio apoyo que estaba recibiendo Alfonsín en todo el país. Como candidato a vicepresidente fue nominado Víctor H. Martínez.

Las elecciones se realizaron el 30 de octubre de 1983 y Alfonsín triunfó obteniendo el 51,7% de los votos frente al 40,1% del peronismo. Asumió en el cargo el 10 de diciembre, fecha en que tuvo lugar una gran concentración popular en la Plaza de Mayo, pero en lugar de saludar desde los balcones de la Casa Rosada Alfonsín habló desde el Cabildo de Buenos Aires, con lo cual finalizó el largo y oscuro período de gobierno del Proceso de Reorganización Nacional. Fue también el fin de los golpes de Estado en Argentina, ya que no hubo nuevas interrupciones al orden constitucional desde entonces hasta la actualidad.

El 10 de diciembre de 1983 Raúl Alfonsín asumió la presidencia de la Nación. Su gobierno enfrentó dos grandes grupos de problemas: la consolidación de la democracia y la difusión de la misma hacia todos los ámbitos de la sociedad y la relación con las Fuerzas Armadas; y la obra general de gobierno condicionada por la inflación y la crisis de la deuda.

El gobierno en su diagnóstico de la crisis consideró que los problemas económicos eran menos significativos que los políticos: lo fundamental era eliminar el autoritarismo y encontrar los modos auténticos de representación de la voluntad ciudadana: se propendió a la libertad de expresión, a la libertad de opinión, se buscó una sociedad de participación, el pluralismo y el rechazo de los dogmatismos. Se realizó un programa de alfabetización masiva, el congreso pedagógico, la eliminación de la censura en las actividades artísticas.

Hubo profundas transformaciones en la universidad y en el sistema científico. Volvieron los intelectuales del exilio ocupando los medios de comunicación y se los empleó como asesores o funcionarios técnicos. En el campo de las relaciones individuales se promovió la ley de divorcio vincular y la patria potestad compartida.

El gobierno de Alfonsín debió enfrentar el problema de la transición a la democracia en un país con una larga tradición de gobiernos militares que había llegado al terrorismo de estado y la guerra, sufriendo dos levantamientos militares durante su gobierno.

El 15 de diciembre de 1983 Alfonsín sancionó los decretos 157/83 y 158/83. Por el primero se ordenaba enjuiciar a los dirigentes de las organizaciones guerrilleras ERP y Montoneros; por el segundo se ordenaba procesar a las tres juntas militares que dirigieron el país desde el golpe militar del 24 de marzo de 1976 hasta la Guerra de las Malvinas.

El mismo día creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), integrada por personalidades independientes como Ernesto Sabato, Magdalena Ruiz Guiñazú, Graciela Fernández Meijide, entre otros, con la misión de relevar, documentar y registrar casos y pruebas de violaciones de derechos humanos, para fundar el juicio a las juntas militares.

También el 15 de diciembre Alfonsín envió al Congreso un proyecto de ley declarando nula la ley de autoamnistía Nº 22.924 dictada por el gobierno militar. Una semana después el proyecto fue sancionado como Ley Nº 23.040, la primera ley de la nueva etapa democrática.

El 20 de septiembre de 1984 la CONADEP produjo su conocido informe titulado “Nunca Más” y concurre a entregarlo al presidente Alfonsín acompañada de una multitud de 70.000 personas. El 4 de octubre de 1984 la Cámara Federal, un tribunal civil, toma la decisión de desplazar al tribunal militar que estaba enjuiciando a las juntas para hacerse cargo directamente del juicio. Los fiscales fueron Julio César Strassera y Luis Gabriel Moreno Ocampo.

El juicio se realizó entre el 22 de abril y el 14 de agosto de 1985. Se trataron 281 casos. El 9 de diciembre se dictó la sentencia condenando a Jorge Rafael Videla y Eduardo Massera a reclusión perpetua, a Roberto Viola a 17 años de prisión, a Armando Lambruschini a 8 años de prisión y a Orlando Ramón Agosti a 4 años de prisión. Por las características que tuvo, la condena a las juntas militares realizada por un gobierno democrático constituyó un hecho sin precedentes en el mundo, que contrastó fuertemente con las transiciones negociadas que tuvieron lugar en aquellos años en Uruguay, Chile, Brasil, España, Portugal y Sudáfrica.

A fin de pacificar el país, se dictaron las leyes de “Punto Final” y “Obediencia Debida” que fueron objetos de fuertes cuestionamientos por parte de las organizaciones de derechos humanos, el movimiento estudiantil, y las fuerzas políticas progresistas, incluidos sectores internos del radicalismo como la Juventud Radical y su brazo universitario Franja Morada.

Con posterioridad, ambas leyes y los indultos a los jefes militares y guerrilleros ya condenados, concedidos por el presidente Carlos Menem en 1989, fueron conocidas como «las leyes de impunidad», y serían derogadas por el Congreso Nacional en 2003. El propio Alfonsín apoyó la nulidad de las leyes, aunque aclaró que le correspondía a la Corte Suprema hacerlo, y no al Congreso.

La gestión de Alfonsín es reconocida también por el Tratado de paz y amistad entre Argentina y Chile y la formación del Mercosur. En reconocimiento a su fecunda política internacional le fue concedido el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional en 1985.

Alfonsín entregó el mando a Carlos Saúl Menem en 1989 en forma anticipada, en medio de un proceso hiperinflacionario, provocado por intereses sectoriales y grupos concentrados del poder económico.

Tras dejar la presidencia propició el Pacto de Olivos con el entonces Presidente Carlos S. Menem, que permitió la realización de la Reforma de la Constitución Argentina de 1994. Unos años después participó en la formación de la Alianza por el Trabajo, la Justicia y la Educación, que llevó al gobierno a Fernando De la Rúa.

El 2 de julio de 2008, la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires lo nombró ciudadano ilustre, reconociéndolo por «su aporte permanente a la democracia y los derechos humanos». Esa misma noche, se realizó el acto de homenaje en el Teatro Argentino de La Plata, en donde más de 4000 personas le agradecieron por su inagotable defensa de los derechos humanos y la democracia.

Ese mismo año, el 1 de octubre en un homenaje dirigido por la Presidenta Cristina Kirchner al cual asistieron más de 400 personas se inauguró un busto en su honor en el Salón de los Bustos de la Casa Rosada.

Falleció a los 82 años, el 31 de marzo de 2009 debido a un cáncer pulmonar. Se decretaron tres días de duelo nacional y miles de personas concurrieron a la ceremonia de entierro, que mantuvo su féretro en el Congreso y luego lo trasladó al Cementerio de la Recoleta.

La muerte de Alfonsín motivó también reacciones internacionales. Perú y Paraguay decretaron uno y tres días de duelo nacional respectivamente, mientras que los presidentes de Brasil, Bolivia, Colombia, Nicaragua y Chile enviaron fuertes mensajes de condolencias con el fallecimiento. El presidente uruguayo Tabaré Vázquez pasó por el Congreso, así como también los ex presidentes extranjeros Julio María Sanguinetti (de Uruguay), Fernando Henrique Cardoso y José Sarney (de Brasil). .

También llegaron condolencias desde España por parte del presidente José Luis Rodríguez Zapatero y del líder del Partido Popular, Mariano Rajoy, así como también de la OEA y de los Estados Unidos.

El presidente norteamericano Barack Obama envió a Cristina Fernández una carta en donde escribía «El Presidente Alfonsín fue una figura fundacional en la consolidación de la democracia en América latina. Nos unimos a los que a lo largo de América expresan su respeto y estima por su integridad y su compromiso con los principios democráticos y los derechos humanos». Finalmente, se celebró una misa en su memoria en el Vaticano.